PUBLICADO EN ABC (7/12/2008)
Crecen sin el cariño de sus padres. Unas veces arropados por familias de acogida y otras en centros de menores. Así es el destino para más de 30.000 niños que hoy están tutelados por las administraciones públicas. Una cifra elevada que pone en duda el funcionamiento del sistema de protección de menores. Más aún si se tiene en cuenta que miles de familias (unas 5.000) están deseando adoptar o acoger a uno de esos pequeños y se lo impide un complejo entramado legal.
Esta situación revela que el acogimiento familiar y la adopción nacional son asignaturas pendientes en España. De hecho, se va a constituir en el Senado una comisión especial que buscará fórmulas para ofrecer a estos niños una vida en una familia. En definitiva, este equipo de trabajo pretende sentar las bases de una futura ley de adopciones nacionales.
Cada año hay más
Mientras, miles de niños crecen sin horizonte, a caballo entre familias, casas y centros de acogida. Un problema poco conocido que se agrava porque «crece el número de menores desamparados y la necesidad de que las instituciones se encarguen de ellos», apunta el senador Mario Bereda, promotor de la comisión del Senado.
Una de sus salidas en la vida es la adopción por parte de una familia. Sin embargo, no todos los menores tutelados pueden optar a ello. «Lo tiene que decidir la autoridad judicial -dice el senador-. Los expertos calculan que cada año un 10% de esos niños podrían ser adoptados. Y estamos muy por debajo de ese porcentaje». Sólo se producen entre 800 y 900 adopciones nacionales anuales, cuando las previsiones revelan que unos 3.000 niños tendrían la oportunidad de crecer en una familia. Es decir, más del triple de los que ahora se adoptan y casi tantos como los que llegan a través de la adopción internacional.
«Lo que debe estar por encima de todo es el interés superior del menor. Hay niños con tres abandonos»
Y es que en este asunto existe un delicado debate de fondo. Por mucho que los padres descuiden a sus hijos y estos pasen a estar tutelados por los servicios sociales, la mayoría de los progenitores se niegan a darles en adopción y a veces, incluso, en acogimiento. La legislación ampara esta situación en la mayoría. «Lo que debe estar por encima de todo es el interés del menor -reclama Bereda-. Hay niños con tres abandonos seguidos. Debemos dar una oportunidad a los padres biológicos, pero cuando un niño vive cuatro años con una familia de acogida también merece una oportunidad».
Una opinión que comparte la presidenta de la asociación de familias DAGA, María del Mar Calvo. «Nuestra legislación interpreta que el interés superior del menor es crecer con su familia biológica. Pero no debería ser bajo cualquier circunstancia -espeta-. Hay niños con doce años que han pasado diez en un centro».
Todo responde a un complicado entramado legal, considera la experta: «El juez suspende la patria potestad pero no priva de ella a los padres. De tal forma que algunos niños han vivido toda su existencia en una institución. Desde que se aprobó la ley de adopciones internacionales, el pasado año, la situación ha cambiado. Una vez que se retira la custodia a los padres, los progenitores tienen dos años para reclamar la patria potestad».
Es una «infancia sin voz con muchas necesidades», dice María del Mar Calvo. A veces los padres renuncian por propia voluntad. En otras ocasiones son los servicios sociales los que retiran la custodia a los progenitores por problemas con drogas, alcohol, prisión o falta de recursos. Cuando la situación se estabiliza, padres e hijos vuelven a estar juntos.
Los nuevos acogidos
La sociedad actual está dando lugar a nuevas formas de desprotección. En los últimos años se ha detectado la llegada de menores inmigrantes que vienen a España solos, sin la compañía de ningún adulto. «Y cada año entran a edades más tempranas, incluso con diez años», explica Carmen González, asesora de la Oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Pero también comienzan a producirse casos hasta ahora insólitos. Los centros acogen menores con graves trastornos de conduta que crean conflictos a sus padres y estos renuncian a ellos. «Y también niños desatendidos por conflictos entre matrimonios divorciados», indica González.
En cualquier caso, son menores con la necesidad de una familia. Muchas veces son grupos de hermanos de diferentes edades o pequeños con algún tipo de discapacidad que necesitan una atención especial. Si la adopción no es posible porque no la autoriza el juez, a todos les queda la familia de acogida. Pero hace falta una red de familias acogedoras.
Esta situación revela que el acogimiento familiar y la adopción nacional son asignaturas pendientes en España. De hecho, se va a constituir en el Senado una comisión especial que buscará fórmulas para ofrecer a estos niños una vida en una familia. En definitiva, este equipo de trabajo pretende sentar las bases de una futura ley de adopciones nacionales.
Cada año hay más
Mientras, miles de niños crecen sin horizonte, a caballo entre familias, casas y centros de acogida. Un problema poco conocido que se agrava porque «crece el número de menores desamparados y la necesidad de que las instituciones se encarguen de ellos», apunta el senador Mario Bereda, promotor de la comisión del Senado.
Una de sus salidas en la vida es la adopción por parte de una familia. Sin embargo, no todos los menores tutelados pueden optar a ello. «Lo tiene que decidir la autoridad judicial -dice el senador-. Los expertos calculan que cada año un 10% de esos niños podrían ser adoptados. Y estamos muy por debajo de ese porcentaje». Sólo se producen entre 800 y 900 adopciones nacionales anuales, cuando las previsiones revelan que unos 3.000 niños tendrían la oportunidad de crecer en una familia. Es decir, más del triple de los que ahora se adoptan y casi tantos como los que llegan a través de la adopción internacional.
«Lo que debe estar por encima de todo es el interés superior del menor. Hay niños con tres abandonos»
Y es que en este asunto existe un delicado debate de fondo. Por mucho que los padres descuiden a sus hijos y estos pasen a estar tutelados por los servicios sociales, la mayoría de los progenitores se niegan a darles en adopción y a veces, incluso, en acogimiento. La legislación ampara esta situación en la mayoría. «Lo que debe estar por encima de todo es el interés del menor -reclama Bereda-. Hay niños con tres abandonos seguidos. Debemos dar una oportunidad a los padres biológicos, pero cuando un niño vive cuatro años con una familia de acogida también merece una oportunidad».
Una opinión que comparte la presidenta de la asociación de familias DAGA, María del Mar Calvo. «Nuestra legislación interpreta que el interés superior del menor es crecer con su familia biológica. Pero no debería ser bajo cualquier circunstancia -espeta-. Hay niños con doce años que han pasado diez en un centro».
Todo responde a un complicado entramado legal, considera la experta: «El juez suspende la patria potestad pero no priva de ella a los padres. De tal forma que algunos niños han vivido toda su existencia en una institución. Desde que se aprobó la ley de adopciones internacionales, el pasado año, la situación ha cambiado. Una vez que se retira la custodia a los padres, los progenitores tienen dos años para reclamar la patria potestad».
Es una «infancia sin voz con muchas necesidades», dice María del Mar Calvo. A veces los padres renuncian por propia voluntad. En otras ocasiones son los servicios sociales los que retiran la custodia a los progenitores por problemas con drogas, alcohol, prisión o falta de recursos. Cuando la situación se estabiliza, padres e hijos vuelven a estar juntos.
Los nuevos acogidos
La sociedad actual está dando lugar a nuevas formas de desprotección. En los últimos años se ha detectado la llegada de menores inmigrantes que vienen a España solos, sin la compañía de ningún adulto. «Y cada año entran a edades más tempranas, incluso con diez años», explica Carmen González, asesora de la Oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Pero también comienzan a producirse casos hasta ahora insólitos. Los centros acogen menores con graves trastornos de conduta que crean conflictos a sus padres y estos renuncian a ellos. «Y también niños desatendidos por conflictos entre matrimonios divorciados», indica González.
En cualquier caso, son menores con la necesidad de una familia. Muchas veces son grupos de hermanos de diferentes edades o pequeños con algún tipo de discapacidad que necesitan una atención especial. Si la adopción no es posible porque no la autoriza el juez, a todos les queda la familia de acogida. Pero hace falta una red de familias acogedoras.
